La Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Fedepes está esperanzada y expectante luego de conocer declaraciones del diputado Guillermo Ceroni, en el sentido que durante esta semana se reactivará el proyecto de ley que anula la actual Ley de Pesca 20.657, conocida como Ley Longueira. El proyecto está en trámite desde comienzos del 2016.
Rosendo Arroyo, Edita Leiva y Luis Villablanca, dirigentes que encabezan Fedepes, recordaron que junto a otros actores del sector artesanal de la pesca del país y de la región, hace tiempo que vienen esforzándose por hacer entender al gobierno, y comprender a la ciudadanía, que las autoridades políticas deben cumplir la promesa presidencial de una modificación sustancial a esta normativa, que entregó el mar a los industriales, que ha perjudicado notablemente a los artesanales porque, entre otros efectos, les quitó libertad de trabajo y no tiene plataforma social para la cesantía que provoca.
Sara Garrido, directora nacional de Conapach y dirigente de base de Coliumo, integrante de Fedepes, hizo ver que con actividades que han desarrollado todo el año y han intensificado en el último tiempo, como la multitudinaria marcha pacífica de agosto, la participación en asamblea en la Quinta Región y en otra en Coronel, exigen del gobierno pronunciarse:” lo que buscamos es que anule la Ley de Pesca” recalcó. El tiempo se agota, dijo, el gobierno sigue haciéndose el sordo y los pescadores ya no pueden esperar más.
La actual Ley de Pesca, subrayaron los dirigentes, es un problema para todos ellos, muchos aspectos los dañan de manera directa y la normativa inexorablemente los irá alejando del mar, de pescar, de su cultura y modo de vida. Afortunadamente, según pudiera entenderse de los dichos de Ceroni, los parlamentarios – tras las movilizaciones de los pescadores y el castigo que la clase política sufrió con la alta abstención en la última elección- pareciera estar dándose cuenta de la urgencia de anular la Ley Longueira.
Incluso el informe FAO en el que gobierno estuvo durante meses escudándose para abrir paso a los cambios, entrega recomendaciones que deberían generar un debate de fondo y con participación de todos los actores.
Todo esto sin olvidar la viciada génesis de la ley, otro motivo para insistir en su anulación, estima Fedepes. Ya es más que claro que la ley es producto del financiamiento ilegal de la política y la federación sólo puede valorar los avances que la justicia está teniendo en esa área y hacer votos porque se aclare completamente todo el embrollo.